Bajo la sombra del desacato, que pende como una espada de Damocles, la Asamblea Nacional (AN) prevé instalar el segundo año de su cuarto período legislativo, el próximo jueves 5 de enero, que estará presidido por el diputado y coordinador nacional del partido Primero Justicia (PJ) Julio Borges.
Pero, desde el punto de vista jurídico seguirán “nulas” sus actuaciones hasta tanto no complete el proceso formal de notificar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la desincorporación de los tres diputados representantes del estado Amazonas.
Juan Luis Núñez, abogado constitucionalista, explicó que “materialmente” el Parlamento “puede instalarse”, pero “todas sus actuaciones seguirán siendo ilegales e inconstitucionales por estar en desacato a una orden del TSJ”.
“A nadie le consta que el Parlamento haya desincorporado a los tres diputados de Amazonas, pues no lo han notificado formalmente al TSJ”, agregó.
José Enrique Molina Vega, profesor de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, sostiene que el Parlamento podrá elegir a su nueva directiva, pero igual el Gobierno seguirá desconociéndola.
“Es el TSJ es el que está fuera de la Constitución al desconocer a la AN, pues no existe en la Carta Magna la posibilidad de anular sus actos, sino estaría aplicando el famoso ‘Fujimorazo”, agregó a la vez que explicó que en la práctica “la AN está disuelta”, pues “por lo que el Gobierno no tiene nada que ganar con una disolución formal”.
Pese a lo dicho por los expertos, el diputado a la AN por el GPP, Ricardo Sánchez, aseguró, en una entrevista televisiva, el lunes pasado, que la designación de la nueva junta directiva será “inconstitucional” porque el Poder Legislativo desvirtuó sus funciones.
Dijo que en 37 sesiones no se cumplió con el orden interno y de debate y sus actuaciones atentan contra el sistema democrático al “no reconocer a los otros poderes”.
Por el lado del Psuv, el diputado Elías Jaua también advirtió que las decisiones que tome la AN, después del 5 enero, serán consideradas nulas si la oposición no corrige su “desacato”.
“Cuando llegue el 5 de enero y el señor Ramos Allup se vaya, como tiene que irse, la directiva que ellos elijan será nula de toda nulidad. El franco desacato en el que se halla el Poder Legislativo, conduce a esa institución democrática hacia un inexorable punto de quiebre”.
Aún así, Borges, actual jefe de la fracción de la MUD y próximo presidente de la AN, anunció el lunes pasado que ya tiene previstos seis proyectos de ley dirigidos al sector económico. Además, señaló que adelantarán gestiones para “demostrar que el Gobierno está al margen de la Constitución”.
Con respecto al desacato, dijo que esta acción “no debe” afectar el trabajo del Parlamento para el 2017, ya que es el único poder que representa la actual voluntad del pueblo.
Ayer, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó al Ejecutivo venezolano a no interferir en la designación de las autoridades del Parlamento.
“Cualquier interferencia en la elección de autoridades de la AN por parte del Poder Ejecutivo o el Poder Judicial implica el desconocimiento absoluto de los principios esenciales de la democracia, que son la separación e independencia de poderes”, señaló Luis Almagro, su máxima autoridad, en un comunicado.
Por otro lado, la AN recordó, a través de su portal web, que 11 de los textos de ley sancionados este año fueron declarados inconstitucionales por el TSJ.
“Muchas fueron devueltas por petición del Ejecutivo al no concordar con el contenido de las mismas, mientras que otras fueron declaradas inconstitucionales, sin ningún argumento de fondo, solo basados en el supuesto desacato en el que se mantiene la AN”, reza el escrito.
Fuente panorama
