Caracas.- La fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz interpuso este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tres recursos de nulidad contra los decretos presidenciales mediante los cuales se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
y se establecieron sus bases comiciales, además contra las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con ese proceso.
Ante la Sala Constitucional, Ortega Díaz solicitó anular el decreto Nº 2.830 del 1 de mayo, en el que el presidente Nicolás Maduro convocó la ANC y el Nº 2.878, del 23 de mayo que establece las bases comiciales.
La fiscal alega que la convocatoria de una Constituyente debe ser sometida a un referendo aprobatorio por parte de la ciudadanía, lo que no se ha llevado a cabo ante la sentencia 378 de la Sala Constitucional que estableció que el primer mandatario podía convocar la ANC sin aprobación previa. La representante del Ministerio Público solicitó una aclaratoria de la sentencia por considerar que era un “retroceso” en materia de derechos humanos, sin embargo, la Sala la declaró inadmisible.
En ese sentido, de acuerdo a nota de prensa del Ministerio Público, el decreto presidencial que establece las bases comiciales de la ANC viola los principios de la “supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica. Además de vulnerar la reserva legal, el derecho al sufragio, la universalidad e igualdad de este”.
También denunció que hasta ahora se desconocen las condiciones en las que se conformarán los registros electorales sectoriales, su auditoría, la modalidad de elecciones, observadores y testigos electorales, así como la duración de la ANC.
En ambos recursos, Ortega Díaz requirió la abstención de los magistrados Calixto Ortega, Lourdes Suárez y Luis Damiani de la Sala Constitucional, por haber “dictado sentencias violatorias del orden constitucional” y por haber sido designados en un proceso irregular.
Nulidad de decisiones del CNE
La fiscal general interpuso un recurso contencioso electoral de nulidad contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por violar los principios de legalidad administrativa al llevar a cabo el proceso constituyente sin dictar actos previstos en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y modificar las condiciones por las cuales se rige el proceso.
“Con ello se violó la universalidad e igualdad del voto, la supremacía constitucional, progresividad de los derechos humanos y el derecho al sufragio”, señala el Ministerio Público.
También se solicitó la abstención de los magistrados de la Sala Electoral por haber declarado inadmisible el recurso de aclaratoria interpuesto por la fiscal, así como de los magistrados Fanny Márquez y Christia Zerpa y sus suplentes, por haber sido designados en un proceso irregular.
En los tres recursos se solicitó amparo cautelar para suspender los efectos emanados de los decretos presidenciales y de las decisiones del CNE.
Fuente el universal
