Ciudad Bolívar

Caracas.- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que su designación hace un mes por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) obedece a la reivindicación del Estado de derecho en Venezuela, que según indicó había sido abandonado por la anterior titular destituida por la ANC, Luisa Ortega Díaz.

Entrevistado en el programa de opinión “José Vicente Hoy” que transmite los domingos Televen, dijo que tras su nombramiento “he recibido amenazas anónimas en mi teléfono, que pretenden amedrentarme”.

Saab dijo que su despacho tendrá una actuación más activa y de mayor colaboración a través de un plan de acción conjunta con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y los cuerpos policiales y militares, cuyos detalles anunciará esta semana.

Reveló que el viernes pasado presidió una reunión de trabajo con los jefes de esos organismos con quienes trató los temas de seguridad del Estado, el hacinamiento carcelario, los procedimientos para las detenciones y las actuaciones del Ministerio Público.

Cartel terrorista dentro del Ministerio Público

Afirmó que al llegar a su despacho, tras su designación por la AN el pasado 5 de agosto, encontró un escenario donde funcionaba la extorsión “incluso hasta para la distribución de un expediente o sembrar una prueba contra un inocente, hechos que degradan el símbolo de la justicia” que representa el MP.

Informó sobre la destitución y detención de seis fiscales y el desmantelamiento de un bufete de abogados que “servían de intermediarios y que habían convertido el MP en una compañía privada para una multiplicidad de delitos”.

Indicó que el 80% de los casos por delitos financieros fueron sobreseídos y anunció que esas investigaciones serán reabiertas.

“El MP se había convertido en un campo minado de corrupción”, afirmó el fiscal general de la ANC.

“He encontrado gente honorable que fue segregada, que nunca fue ascendida ni reconocido su talento. Se les maltrataba y muchos eran destituidos sin derecho a nada. Si no cumplían una orden, eran amenazados con abrirle una investigación penal e ir preso. Era una situación de terrorismo”.

Reiteró que en el caso de los niños abusados en el colegio Emil Friedman se manipularon pruebas y en los casos por delitos de drogas las estadísticas indican que son los más sobreseídos.

En cuanto a una investigación solicitada por el presidente Nicolás Maduro sobre el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco, informó que su despacho inició una investigación “preliminar” con la designación de dos fiscales y el apoyo de auditores de la estatal Petróleos de Venezuela y de la Contraloría General de la República.

Dijo que han encontrado 10 empresas que las vinculan con un daño patrimonial por el orden de los 12 millones de dólares.

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